La Confesión de Westminster sobre la relación entre Iglesia y Estado

Por el Dr. William Young
Traducido al español por: Rev. Marcelo Sánchez

He elegido este título en lugar del más breve que se ha sugerido, es decir, “El principio de establecimiento”, porque evita ciertas sugerencias engañosas. La noción de una iglesia establecida comúnmente se entiende que significa o al menos implica el apoyo financiero de una iglesia por parte del estado, incluido el pago de los salarios del clero con fondos públicos. Por un lado, no veo que esto esté necesariamente implícito en las declaraciones de la Confesión de Westminster, y por otro lado, la doctrina de los teólogos reformados de los siglos XVI y XVII a veces ha sido rechazada por hombres como Abraham Kuyper, quien sin embargo admitió que tal apoyo es admisible. De hecho, en nuestra propia nación, la separación de la iglesia y el estado se considera en la práctica como consistente con la capellanía en las fuerzas armadas y la exención de impuestos de las iglesias.

También es importante notar la diferencia entre la situación que presenta la historia de la Iglesia escocesa y la que enfrentamos en este país. Cuando la iglesia establecida en Escocia fue interrumpida en 1843, Thomas Chalmers, que había defendido oficialmente una iglesia establecida en Gran Bretaña, y otros de ideas similares, continuó defendiendo el principio aunque estaban dispuestos a renunciar a los privilegios que habían disfrutado anteriormente. En los Estados Unidos no tenemos el trasfondo histórico de la Iglesia Libre de Escocia, pero la Iglesia Reformada Presbiteriana tiene la misma confesión de fe, y es a la enseñanza de ese documento a lo que se refiere este documento.

El propósito del presente trabajo no es proponer un programa de acción, sino simplemente enunciar y defender una doctrina. Por mi parte, insistiría en que sería un desastre si nuestro gobierno (federal, estatal o local) en las circunstancias actuales, ejerciera plenamente los derechos que se permiten incluso por la modificación de la Confesión adoptada por varias iglesias presbiterianas en este país. Tanto discriminar favoreciendo a unas iglesias sobre otras, o actuar como un ayo para todos por igual significaría en la práctica dar un apoyo sustancial a la incredulidad más allá de lo que es el caso en la actualidad. Quisiera señalar a este respecto que el tema no debe exagerarse, como si estuviera en juego una verdad central de la fe. Si bien cada clavija del templo es preciosa, sin embargo, en asuntos en los que hay poca o ninguna diferencia en la práctica, creo que hay lugar para diferencias de opinión en cuestiones teóricas. En este asunto deploro la actitud de algunos reconstruccionistas que harían de los deberes de los magistrados civiles en los detalles minuciosos un tema importante, cuando en realidad las afirmaciones que se solicitan no tienen perspectiva de realización antes de que los magistrados y la gente se incline ante la autoridad de la Palabra. Y la gran tarea de la iglesia es proclamar fielmente la Palabra de la Ley y el Evangelio.

Al tratar el tema del magistrado civil en su relación con la iglesia, primero desearía enunciar la doctrina, en segundo lugar aclarar algunos malentendidos y, finalmente, presentar algunas razones para esta postura. No conozco mejor formulación que la de los teólogos de Westminster en la Confesión de Fe, capítulo XXIII, artículo 3, que dice: “El magistrado civil no debe arrogarse la administración de la Palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, tiene la autoridad, y es su deber, velar para que la unidad y la paz sean preservadas en la iglesia, para que la verdad de Dios se conserve pura y completa, para suprimir todas las herejías y blasfemias, para impedir o para reformar todas las corrupciones y abusos en la adoración y disciplina, y para que todas las ordenanzas de Dios sean debidamente establecidas, administradas y cumplidas. Para el mejor cumplimiento de todo lo anterior, el magistrado civil tiene el poder de convocar Sínodos, y estar presente en ellos, y asegurar que todo lo que en éstos se acuerde, esté conforme con la mente de Dios.” Y el artículo 2 del capítulo XXXI dice: “Así como los magistrados pueden legítimamente convocar a un Sínodo de ministros y otras personas idóneas, para consultar y recibir consejo sobre asuntos religiosos; de la misma manera, cuando los magistrados son enemigos declarados de la iglesia, los ministros de Cristo, por sí mismos, en virtud de su oficio, pueden reunirse en asambleas con otras personas idóneas delegadas por sus iglesias.” También la disposición del capítulo XX, artículo 4, en cuanto a la facultad del magistrado civil para proceder contra personas que publiquen opiniones contrarias a los principios conocidos del cristianismo, etc.

En primer lugar, debe observarse que la Iglesia de Escocia el 27 de agosto de 1647 aprobó la Confesión de Fe con la siguiente condición: “Se declara además, que la Asamblea sólo entiende algunas partes del segundo artículo del capítulo treinta hablando solo de kirks [NT. iglesias] no establecidas, o constituidas en el punto de gobierno: Y que aunque, en tales kirks, un sínodo de ministros y otras personas aptas, pueden ser convocados por la autoridad del Magistrado y nominados, sin ningún otro llamado, para consultar y asesorar con sobre cuestiones de religión; y aunque, igualmente, los Ministros de Cristo, sin delegación de sus iglesias, pueden por sí mismos, y en virtud de su oficio, reunirse sinódicamente en tales kirks aún no constituidas, sin embargo, nada de esto debe hacerse en kirks constituidas y establecidas; pero siendo siempre libre el Magistrado de asesorarse con los sínodos de Ministros y Ancianos Gobernantes, reunidos por delegación de sus iglesias, ya sea ordinariamente, o, siendo llamado por su autoridad, ocasionalmente, y pro nata [NT. cuando sea necesario],” etc. Que yo sepa, cada iglesia presbiteriana que ha suscrito la Confesión de Fe ha entendido el derecho de la iglesia a celebrar sínodos independientemente de cualquier citación del magistrado civil, y así ha leído las declaraciones en la Confesión.

En segundo lugar, la tesis fundamental que se presenta aquí es lo que William Cunningham denominó “la legalidad de alguna unión o conexión amistosa entre la iglesia y el estado” (Presbyterian Reformed Magazine, volumen VI, número 1, p. 25). La tesis es puramente abstracta. Para que se realice en la práctica, debe presuponerse un estado cristiano, con magistrados cristianos gobernando sobre un cuerpo de súbditos sustancialmente cristianos. Donde no existe tal estado ideal, no surge la cuestión de la unión del estado con la iglesia cristiana. Esto es obvio en el caso de un gobierno anticristiano que persigue a quienes profesan lealtad a Cristo. También es cierto que el principio en cuestión no significa que un estado nominalmente cristiano pueda establecer una iglesia, que se utilizará como instrumento para promover sus propósitos seculares. Bajo tales circunstancias, los fieles servidores del Cabeza y Rey de la Iglesia han preferido operar como una Iglesia Libre, independiente del estado. Esto no implica una renuncia al principio en discusión. En este asunto, Chalmers y Cunningham fueron más sabios que el Dr. Abraham Kuyper. Además, en un estado verdaderamente cristiano, no es necesario otorgar preferencia a una denominación sobre otras. En este asunto, considero innecesario el cambio realizado por la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos en el capítulo XXIII, artículo 3 de la Confesión. La forma modificada de la Confesión adoptada por varias denominaciones presbiterianas en este país aún mantiene el principio fundamental del derecho y deber del magistrado civil en asuntos religiosos, y de hecho contempla una nación predominantemente cristiana evangélica. Creo que la Confesión original puede entenderse justamente como aplicable a esa situación, aunque la Asamblea de Westminster en la naturaleza del caso no contempló la pluralidad de denominaciones de cristianos evangélicos. Lo que está implícito es que un gobierno cristiano empleará su autoridad legítima para promover los intereses del cristianismo, para restringir la blasfemia pública y la profanación del Sabbat, así como los males graves mediante la violación de la segunda tabla del decálogo. La doctrina confesional sí implica que el magistrado civil es el guardián de ambas tablas de la ley. El sentido de la doctrina se aclarará al eliminar los malentendidos que prevalecen entre muchos que mantienen puntos de opuestos.

Se ha acusado a la Confesión de Westminster de que su enseñanza sobre la iglesia y el estado es erastiana, es decir, que atribuye al magistrado civil el derecho de interferir en las actividades internas de la iglesia. Esta crítica muestra una enorme ignorancia de la Confesión de Westminster. El mismo apartado al que se hace la excepción (capítulo XXIII, artículo 3), se abre con la enfática declaración anti-erastiana: “El magistrado civil no debe arrogarse la administración de la Palabra y de los sacramentos, o el poder de las llaves del reino de los cielos”. El siguiente pasaje no fue diseñado para contradecir esta posición fundamental, sino que fue cuidadosamente formulado con plena conciencia de los temas en controversia con los erastianos como Selden. El discurso de George Gillespie en respuesta a Selden es una clara evidencia del anti-Erastianismo que prevalecía entre los teólogos y que está formulado en la Confesión. Que haya una contradicción tan flagrante en una sola oración es inverosímil hasta el punto de absurdo, en vista del hecho de que los defensores de ambos lados habían entrado minuciosamente en los temas involucrados en la controversia. La supuesta contradicción se resuelve mediante la distinción de la autoridad del magistrado CIRCUM SACRA (“alrededor de las cosas sagradas”) y su autoridad IN SACRIS (“en las cosas sagradas”). Lo primero se afirma y lo segundo se niega. El magistrado puede promulgar y hacer cumplir leyes sobre la práctica religiosa, siempre sujeto a la enseñanza de la Palabra de Dios, pero de ninguna manera puede tomar para sí la autoridad de exponer oficialmente la palabra o ejercer la disciplina eclesiástica. Su autoridad en el asunto está al mismo nivel que la del individuo cristiano o cabeza de familia, no la autoridad que Cristo ha delegado a su iglesia.

La aparente contradicción entre el deber del magistrado hacia la iglesia y la negación de su jurisdicción en asuntos religiosos se disuelve cuando se presta atención al lenguaje de la Confesión de Fe. “Él tiene autoridad, y es su deber, poner orden, que la unidad y la paz se conserven en la iglesia”, etc., simplemente declara lo que puede y debe tener como fin. Todo cristiano debe apuntar a la preservación de la unidad y la paz de la iglesia. Por tanto, éste debe ser también el fin previsto por el magistrado cristiano en el ejercicio de su cargo. La Confesión de Fe no dice nada en este momento en cuanto a los medios que se emplearán para lograr este fin, excepto la negación previa de las funciones específicas de predicar, administrar los sacramentos y ejercer la disciplina de la iglesia. El asunto de convocar sínodos requerirá una consideración separada. Debe quedar claro que, así entendido, el capítulo XXIII, artículo 3, es coherente consigo mismo y ejemplifica la cautela con la que los teólogos de Westminster evitaron hábilmente los puntos discutibles, al tiempo que exponen con firmeza y claridad todo el consejo de Dios en todo lo necesario.

Una acusación más seria contra la enseñanza confesional es que es culpable de proponer principios intolerantes y perseguidores. Antes de dar una respuesta a la acusación, se debe hacer una observación sobre el carácter del lenguaje comúnmente utilizado. Aquí hay un ejemplo infeliz de lenguaje emotivo que se utiliza para excitar el prejuicio, en lugar de una formulación cognitiva seria que sirve para aclarar los problemas difíciles que están involucrados. Es necesario en primer lugar deshacerse de la ambigüedad que se encuentra en la acusación de intolerancia y persecución. Estas palabras evocan imágenes espantosas de la Inquisición española, los incendios de Smithfield y la Masacre de San Bartolomé. Se podría simplemente preguntar en respuesta en qué lugar de la historia del presbiterianismo escocés ha habido un paralelo con tales atrocidades, excepto en el tratamiento de los Covenanters de parte de los prelatistas. La doctrina de los reformadores y los puritanos nunca ha dado frutos tan espantosos. El elemento sustancial que subyace a la acusación se refiere al principio de que el magistrado civil puede y debe adoptar toda la ley divina como norma a la que debe ajustarse al dictar y hacer cumplir las leyes. Sus acciones deben estar dirigidas a la observancia pública de los preceptos de ambas tablas del decálogo. Los medios específicos que se utilizarán no están prescritos por el principio general, pero deben caer dentro del ámbito limitado de la autoridad delegada por el Dios soberano a los gobiernos humanos. Las leyes con respecto al Sabbat no implican nada de intolerancia o persecución más que las leyes que prohíben el asesinato, el adulterio o el robo. Los límites de la autoridad del magistrado civil requieren una restricción con respecto a la segunda tabla de la ley, al igual que a la primera. El gobierno no puede hacer cumplir el décimo mandamiento, porque los deberes requeridos y los pecados prohibidos son puramente espirituales, y están ubicados en lo más recóndito del corazón, sobre el cual ningún gobierno humano, ni siquiera la iglesia visible, tiene jurisdicción. No hace falta decir que los requisitos espirituales o internos de la primera tabla de la ley quedan fuera de la competencia del magistrado civil. Pero las manifestaciones externas de idolatría, la blasfemia pública y la profanación del Sabbat pueden ser temas de legislación y lo serán en una nación protestante.

A este respecto, debe plantearse una cuestión que no puede descartarse simplemente porque se refiere únicamente a los medios de aplicación del principio. ¿Se puede aplicar la pena de muerte en caso de herejía y otras infracciones del primer cuadro de la ley? Ya se ha dicho lo suficiente para demostrar que no se requiere una respuesta afirmativa cuando la Confesión enseña que se debe tomar la orden de suprimir todas las blasfemias y herejías. Creo que la doctrina de la Confesión favorece una respuesta negativa. La pena de muerte por herejía se ha justificado apelando a la ley judicial de la economía mosaica. La fuerza de Deuteronomio 13:5 como texto probatorio del capítulo XXIII, artículo 3, debe estimarse en relación con la enseñanza explícita de la Confesión con respecto al don al pueblo de Israel de “diversas leyes judiciales, que expiraron junto con el estado de ese pueblo, no obligando a ninguna otros ahora, más allá de lo que la equidad general de los mismos pueda requerir”, capítulo XIX, artículo 4. Para justificar sobre bases bíblicas la pena de muerte por herejía requeriría no solo la enseñanza confesional en cuanto al magistrado civil, sino también la suposición de los teonomistas de que los gobiernos cristianos aún deben mantener los castigos por los crímenes cometidos bajo la teocracia judía. Si se considera que las Escrituras restringen la aplicación permanente de la pena capital al asesinato, como si no se limitara a la ley judicial temporal, entonces el argumento a favor de tal castigo de herejía se derrumba.

La Confesión de Fe no debe interpretarse en este asunto apelando a los escritos de Rutherford y Gillespie. Se ha exagerado la severidad de sus opiniones. Gillespie en Aaron’s Rod Blossoming, pág. 2, establece que algunos teólogos sostienen que estas penas son una regla para el magistrado cristiano, y por cierto comenta: «Por mi parte, desearía que se le tuviera más respeto y que se le consultara más”.[1] En cualquier caso, las opiniones de estos hombres no son la norma para nuestro propio empleo de las Escrituras, ni para la interpretación de la Confesión de Fe. Considere este paralelo. La Confesión, capítulo X, artículo 3, habla de la salvación de los niños elegidos que mueren en la infancia. Oponentes de la Confesión como el Dr. C.A. Briggs ha citado a Twisse y Rutherford para apoyar la acusación de que la Confesión enseña, al menos por implicación, la condenación de los bebés no elegidos que mueren en la infancia. El Dr. W.G.T. Shedd y el Dr. Benjamin B. Warfield se han opuesto debidamente a este método de interpretación. Las opiniones de algunos miembros de la Asamblea de Westminster no deben leerse en la Confesión, pero el documento debe leerse en términos de sus propias declaraciones. Otros miembros de la Asamblea, los independientes en particular, sostuvieron opiniones sobre la tolerancia distintas de las atribuidas a los comisionados escoceses, pero no hubo divergencia en su posición de la enseñanza confesional en cuanto al magistrado civil. Esto indicaría que la interpretación del capítulo XXIII, artículo 3, que venimos defendiendo es correcta. La sección ha sido así entendida por M’Crie, Shaw, Cunningham y Bannerman.

También se ha acusado de que la enseñanza de la Confesión, capítulo XXXI, artículo 2, es erastiana al permitir al magistrado convocar sínodos. En un comentario útil sobre la Confesión de Fe, leemos la asombrosa mala interpretación, cuando se habla del capítulo XXIII, artículo 3, dice: “Entonces significaría que el Presidente de los Estados Unidos podría convocar una reunión de la Asamblea General, decidir cuál es la mente de Dios y aprobar o vetar los actos de la Asamblea” (Clark, What Do Presbyterians Believe?, p. 212). Ni el capítulo sobre el magistrado civil ni el sobre sínodos y concilios enseñan tal cosa. Los escritos anti-Erastianos de Gillespie niegan explícitamente cualquier interferencia del magistrado civil en las decisiones internas de las asambleas eclesiásticas. Él dice claramente: “Pero negamos que (en una iglesia bien constituida) esté de acuerdo con la voluntad de Cristo que un magistrado reciba apelaciones de la sentencia de un tribunal eclesiástico, o que reciba quejas … de modo que por su autoridad, ante tal queja, anule la censura eclesiástica” (Aaron’s Rod Blossoming, p. 118). Mucho menos cualquier teólogo de Westminster consentiría un veto efectivo por parte del magistrado de una decisión de un tribunal de la iglesia. Ya se ha observado la limitación impuesta por la Iglesia de Escocia a la autoridad del magistrado para convocar sínodos. Debe tenerse en cuenta la diferencia que debe hacerse entre una iglesia constituida regularmente y una en la que la situación es anormal. La Asamblea de Westminster fue convocada por el Parlamento inglés para consultar y asesorar. Y el ejercicio de la autoridad legal por parte del magistrado fue fundamental en la Reforma del siglo XVI. La Confesión de Westminster simplemente reconoce la conformidad de tales acciones del gobierno civil con la voluntad revelada de Dios.

La acusación de que la libertad de conciencia excluye el poder otorgado al magistrado en el capítulo XX, artículo 4, es fácil de responder. En realidad, el capítulo XX se ocupa del tema de la libertad de conciencia y contiene la formulación clásica del artículo 2: “Solo Dios es Señor de la conciencia”, etc., palabras a las que se recurre a menudo como si fueran incompatibles con la enseñanza del artículo 4. Pero hay que confesar que la libertad de conciencia no es aquella licencia para actuar en contra de la ley moral. Se admite que el magistrado civil puede proceder contra quienes violen las prohibiciones de homicidio, adulterio y hurto, y que no atenta contra la libertad de conciencia al hacerlo. Además, las censuras de la iglesia están en orden contra los pecados prohibidos tanto en la primera tabla como en la segunda. Es la falacia de la petición de principio plantear lo anterior como objeción a las doctrinas confesionales; la verdadera cuestión es si el magistrado civil tiene autoridad con respecto a ambas tablas de la ley, o se limita a ocuparse de los delitos contra la segunda tabla.

La naturaleza misma atestigua que el magistrado civil se preocupa por cuestiones religiosas. No sólo es una cuestión de hecho que los gobiernos humanos hayan ejercido autoridad en todos los tiempos y lugares en asuntos religiosos, sino que es inherente a la naturaleza del estado que este sea el caso. Dado que las personas sobre las que tiene autoridad el magistrado civil son también las que se dedican a la actividad religiosa, esa autoridad no se relaja cuando realizan actos de carácter religioso. Los Estraguladores de la India no pueden justificar el robo y el asesinato basándose en que estos actos son parte de su religión. El magistrado civil debe condenar su religión al condenar los crímenes involucrados en ella. Ni un gobierno ateo ni uno que profese neutralidad religiosa es un contraejemplo. Los gobiernos ateos tratan claramente con la religión al oponerse a ella, mientras que el gobierno que profesa una separación de iglesia y estado es inconsistente, como lo fue nuestro gobierno durante las primeras décadas de este siglo, o se opone cada vez más a la Iglesia cristiana mientras inculca puntos de vista religiosos contrarios, como lo es la tendencia actual. De buena gana, el magistrado civil se involucra en asuntos cubiertos por los primeros cuatro mandamientos, y es parte de la sabiduría reconocer tal hecho, señalando los límites de la autoridad del magistrado, límite que se tiende a ignorar tanto en una democracia como en una monarquía o aristocracia. Los gobiernos pueden, a la manera erastiana, asumir las funciones específicas de la iglesia o, bajo la apariencia de libertad religiosa, aprobar leyes que de hecho conduzcan a la restricción de la libertad del cristiano para adorar a Dios. Esto último se ve en la derogación de las leyes que prohíben la profanación del Sabbat.

En el presente tema, como en todos los asuntos de fe y práctica, es crucial la revelación que se nos ha dado en las proposiciones de la Sagrada Escritura. La apelación máxima debe ser la enseñanza de la Palabra de Dios. Es un error basar la propia doctrina de la relación entre la iglesia y el estado en la cambiante situación histórica y política. Esto no significa negar que la aplicación de la doctrina al estado real de las cosas en cualquier momento debe tener en cuenta las realidades de la situación. Pero la doctrina a aplicar no puede derivarse ni de los hechos del presente ni de la historia del pasado. La única fuente de la doctrina no debe tener una autoridad inferior a «Así dice el Señor». El error metodológico del Dr. Abraham Kuyper fue que, si bien concedía este principio en teoría, su defensa de la Iglesia Libre en los Países Bajos se basó en la práctica en consideraciones históricas y políticas.

El pasaje más sorprendente que enuncia el principio general es Isaías 49:23: “Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí.”. El profeta evangélico ha predicho la conversión de los gentiles en el versículo anterior y ahora predice el cuidado que los magistrados de esas naciones tendrán por la iglesia. El pasaje no puede dejarse de lado como una referencia a la teocracia del Antiguo Testamento, sino que, como muchas de las profecías de Isaías, prevé la iglesia del Nuevo Testamento, particularmente en el tiempo que el Señor ha establecido para favorecer a Sión. Como observa Calvino, “aquí se exige a los príncipes algo extraordinario, además de una profesión de fe ordinaria; porque el Señor les ha otorgado autoridad y poder para defender la iglesia y promover la gloria de Dios.” El principio general revelado en este versículo permite determinar en qué aspectos la práctica de los reyes piadosos en el Antiguo Testamento proporciona un ejemplo a seguir por los magistrados cristianos en la economía del evangelio. Los diversos textos probatorios del capítulo XXIII de la Confesión, artículo 3, sobre este tema no deben leerse asumiendo que los castigos prescritos en la ley judicial deben ser ejecutados por el magistrado cristiano. Sólo si se adopta la premisa errónea de los teonomistas en la forma en que estos textos se aplican al orden del Nuevo Testamento, se puede llegar a la conclusión de que la pena de muerte por herejía debería estar ahora en vigor. Esta conclusión no se sigue de la enseñanza de la Confesión de Fe.

Los Salmos contienen abundante evidencia sobre los derechos y deberes del magistrado en un estado cristiano. Esta es una característica destacada de los Salmos mesiánicos. Los reyes y jueces de la tierra son instruidos no solo para servir al Señor con temor, sino también para besar al Hijo, para que no se enoje, Salmo 2:10-12. El Salmo 22:28 asigna como la razón por la cual todas las familias de las naciones adorará delante del Señor, a que el reino es del Señor y él es el gobernador entre las naciones. El Salvador, cuyos sufrimientos han sido descritos en el Salmo, se presenta aquí como rey mediador de las naciones. La implicación es que el magistrado civil, en obediencia al Señor soberano, ejercerá esta autoridad legítima para promover la adoración de Dios.  El Salmo 72:11 es explícito en su predicción del estado floreciente del reino del Mesías: “Todos los reyes se postrarán delante de él; Todas las naciones le servirán.” No hay razón para restringir el sentido del versículo a la salvación de individuos y excluir una referencia al ejercicio de la autoridad real y la actividad corporativa de las naciones.  El Salmo 138: 4-5 es otro ejemplo: “Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, Porque la gloria de Jehová es grande.” Que el magistrado civil será el súbdito voluntario del Rey de reyes es la enseñanza uniforme del Salterio.

Con respecto al Nuevo Testamento, se ha objetado que la Escritura ya no enseña la estrecha conexión entre la iglesia y el estado que es una característica tan pronunciada de la economía mosaica. En respuesta, cabe señalar que hay una buena razón por la que este debería ser el caso. En el primer siglo, la iglesia cristiana enfrentó la oposición hasta el punto de la persecución de magistrados hostiles, tanto judíos como gentiles. La revelación divina ha tenido en cuenta esto y ha dado dirección a la iglesia sobre este tema principalmente en las Escrituras del Antiguo Testamento. La objeción de que la iglesia no puede adoptar tal procedimiento en vista del progreso de la revelación no tiene más fuerza que el argumento inválido paralelo contra el canto de los Salmos del Antiguo Testamento en la iglesia cristiana. Tampoco podemos ignorar el hecho de que el Nuevo Testamento en ninguna parte anula los principios del orden establecido en el Antiguo Testamento. El argumento a favor del bautismo infantil a partir de la ausencia de cualquier negación del principio del pacto abrahámico en el Nuevo Testamento es un paralelo a la conclusión extraída en cuanto a la autoridad del magistrado civil en asuntos religiosos.

La enseñanza positiva explícita del Nuevo Testamento en cuanto a la autoridad de los poderes establecidos se encuentra en Romanos 13. La fuente de esta autoridad es Dios, quien ha delegado el poder de la espada a hombres autorizados. En ninguna parte se sugiere que la autoridad en cuestión se limite a la segunda tabla de la ley. El versículo 9 no debe interpretarse como una restricción de la autoridad del estado, sino simplemente como una aplicación de la enseñanza del versículo 8 en cuanto a las obligaciones generales hacia el prójimo. Del mismo modo, cuando el apóstol Pablo indica que un fin diseñado en la institución del gobierno civil es “para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” (1 Timoteo 2:2), está lejos de negar la obediencia a los primeros cuatro mandamientos como un elemento importante en una vida piadosa. La implicación seguramente es que los deberes del hombre para con Dios caen dentro del alcance de los gobernantes que son objeto de oración en su capacidad oficial, y no simplemente como individuos abstraídos de su oficio.

Se puede llegar a la conclusión de que la enseñanza inalterada de la Confesión de Westminster se basa en evidencia bíblica sólida. La enseñanza contraria es característica de la separación anabautista del Espíritu y la Palabra, y se ha acentuado desde la Revolución Francesa por el ideal humanista de libertad. El intento hecho en este país de elaborar una síntesis de este ideal con la fe cristiana pareció ser factible mientras el gran cuerpo del pueblo estadounidense fueran cristianos profesantes y predominó en la vida educativa y política, así como en las iglesias que eran fundamentalmente sólidas. Hoy el panorama ha cambiado, y encontramos que el principio de la separación de la iglesia y el estado se está convirtiendo en una base no para otorgar a la iglesia la libertad de ajustarse a la Palabra de Dios, sino más bien estar sujeto a las pasajeras fantasías políticas de pensadores supuestamente avanzados. Este desarrollo no es prueba de ningún principio, pero podría brindar una oportunidad para que los presbiterianos que han adoptado puntos de vista comúnmente aceptados reconsideren la enseñanza original de sus normas.

Concluiría con la mención de una conversación del profesor John Murray con un estudiante menonita del Seminario de Westminster. El estudiante había declarado que sostenía la posición anabautista de la separación absoluta de iglesia y estado. ¡Los dos no tenían nada en común ni nada que ver el uno con el otro! El profesor Murray luego preguntó qué espacio habría para el estado en una comunidad donde todo el mundo tenía esa opinión. El estudiante respondió: «En Sudáfrica, los menonitas tenemos esa comunidad, y allí la iglesia es el estado».


[1] No estoy convencido de que Wholesome Severity sea obra de Gillespie. Me parece que no concuerda con la cita de la p. 2 de Aarón’s Rod Blossoming. Sin duda, Gillespie puede haber alterado su posición, pero dado que evidentemente hay algunas dudas en cuanto a la autoría de Wholesome Severity, prefiero compartir la duda que suponer que Gillespie no está de acuerdo consigo mismo o con Samuel Rutherford.


Disponible en inglés: https://presbyterianreformed.org/1992/04/westminster-confession-relation-church-state/

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